Ley Arbolito: lo que cambiaría con la regulación del arbolado urbano
Tres años en el Congreso lleva el proyecto de Ley Arbolito, que pretende enfrentar los desafíos que provoca el vacío legal en torno al arbolado urbano, que aumentan con el retraso de su aprobación.
Más de 1.800 árboles se derrumbaron tras el temporal de principios de agosto solo en la Región Metropolitana. Entre sus causas estuvieron rachas de viento que superaron los 125 km/h, pero también la falta de mantenimiento y el mal manejo de cables y postes. En suma: una escasa o nula planificación del arbolado urbano.
Este tipo de problemas, y los desafíos que suma el cambio climático, están en la base del proyecto de Ley de Arbolado Urbano e Infraestructura Verde, o Ley Arbolito, que desde 2021 ha pasado por diferentes comisiones del Senado, y no existe claridad sobre la fecha en que será discutido.
El proyecto se basa principalmente en una propuesta realizada por la Red Árbol Urbano, que se complementó con la solicitud de una ordenanza de infraestructura verde que hicieron 60 municipalidades en 2020, además del proyecto de ley Valoración y Protección del Árbol, impulsado en 1998 por el fallecido exsenador Antonio Horvath.
Los cambios que propone la Ley Arbolito
El proyecto de ley establece un marco regulatorio que fomenta la integración de la infraestructura verde en las ciudades, lo que abarca la planificación y gestión adecuada del arbolado urbano como parte de una estrategia para mejorar la resiliencia urbana frente al cambio climático. Aborda también la necesidad de garantizar que todas las comunidades, independiente de su ubicación, tengan acceso equitativo a espacios verdes de calidad, entre otros.
Incluye también ciertos cambios, como que todos los proyectos de áreas verdes consideren la plantación de árboles en razón de 0,01 árboles por m² de área verde total (1 árbol cada 100 m² de superficie total), de los que al menos el 50% de los ejemplares deben ser especies nativas de la ecorregión a la que pertenece la comuna. La mitad de los árboles tendrán que ser de especies de hoja perenne.
Habrá infracciones por la ocupación ilegal de un área verde pública o robar algún elemento que la conforme, como apropiarse de un árbol urbano público o de sus productos madereros, o talar un árbol, trasplantarlo o podarlo sin autorización previa de la municipalidad.
Las empresas eléctricas deberán solicitar un permiso a la municipalidad antes de podar algún ejemplar y deberán presentar un plan de podas, justificado mediante un informe técnico, en el cual se individualice georreferencialmente los árboles a manejar, indicando tipo de poda a aplicar, plazos y fechas de ejecución, acreditando que poseen el personal capacitado para realizar esas labores.
Los problemas de no contar con una normativa
Desde la Red Árbol Urbano, una de las organizaciones que preparó la propuesta que se entregó a un grupo de senadores en 2021, señalan que la ausencia de una ley de arbolado urbano en Chile ha generado desafíos como la gestión inadecuada de estas especies en las ciudades, lo que se evidencia en prácticas como podas excesivas y mutilaciones, y en la falta de mantenimiento adecuado.
“Estos problemas no solo limitan los beneficios ecosistémicos que los árboles pueden ofrecer, sino que también los hacen más vulnerables a eventos climáticos extremos, como los recientes temporales. La falta de normativa exigible deja en un terreno incierto a los árboles. Llevamos años apelando a la voluntad de las autoridades de turno en cada municipio, pero los árboles siguen sin ser una prioridad”, indica su equipo técnico.
La falta de regulación y casi nula planificación también es notoria en la carencia del espacio necesario para el crecimiento de los árboles, lo que afecta su salud y supervivencia. “El árbol la mayor parte del tiempo no está contemplado en el diseño. Es necesario replantearse el cómo estamos construyendo las ciudades y que los árboles dejen de ser usados como meros adornos, sino como componentes esenciales de la infraestructura verde urbana, tanto así como un elemento imprescindible para la salud pública y en la mitigación del cambio climático”, enfatizan.
Sobre el avance que ha tenido el proyecto en el Congreso, señalan que no ha sido significativo, a pesar de que la propuesta no presentaba oposición y se entendía su importancia. “No ha habido un avance concreto a pesar de la urgencia de su implementación para la adaptación de las ciudades y abordar así la crisis climática y situaciones como las vividas en las últimas semanas. Mejorar la gestión del arbolado urbano en el país es una necesidad que se debe subsanar con celeridad y así se ha evidenciado”, indican desde la organización.
Nuevos desafíos debido al atraso
El retraso en la aprobación de la ley ha provocado que el proyecto, aunque aborde gran parte de las problemáticas, se esté quedando atrás en temas como las tecnologías satelitales que, a juicio de la organización, es necesario normar.
“Toda la información proveniente de las imágenes satelitales debe ser siempre cotejada en terreno por un profesional experto en evaluación de riesgo de arbolado urbano. Nos parece imprescindible tener que incluir esto último para evitar un uso indiscriminado”, sostienen.
“Se ha centrado el problema en los árboles como si fueran objeto de culpa y no en la gestión deficiente e inadecuada que se ha hecho por décadas, por tanto, es fácil caer en una búsqueda de eliminar árboles que no necesariamente son riesgosos, por ejemplo, por altura o edad. Incluso el decaimiento de algún individuo no necesariamente lo hace riesgoso”, explican.
Finalmente, agregan, la ley debería incluir un plan de gestión integral que coordine todas las actividades relacionadas con el arbolado urbano, desde la plantación hasta el mantenimiento y la preservación, garantizando así un enfoque cohesivo y sostenible en el tiempo.