¿Por qué Chile no tiene ley de costas?

A pesar de contar con más de 6.400 kilómetros de litoral, en Chile aún no se ha logrado promulgar una ley de costas que regule de manera integral el uso y conservación de estas áreas. Esta situación hace a todo ese territorio vulnerable ante los eventos extremos y desastres socionaturales, que han ido en aumento, además de los impactos del cambio climático.

Las playas han ido retrocediendo a un ritmo que –en algunos casos– supera los 5 metros por año, empujadas principalmente por las marejadas, que se han vuelto más intensas, además de la megasequía y la presión por desarrollo habitacional, turístico, social y económico en estas áreas.

En 2023, el Instituto de Geografía de la Universidad Católica, advirtió que el 85% de las playas entre Arica y Puerto Montt tienen una erosión importante, mientras el Observatorio de la Costa actualizó este año que 10 playas nacionales están en peligro de desaparecer, entre ellas: Hornitos, en la Región de Antofagasta, la Bahía de Concón, Algarrobo y Santo Domingo, en la Región de Valparaíso, y Pichilemu, en la Región de O'Higgins.

Legislación antigua y que no considera la vulnerabilidad del área

En la actualidad, el marco normativo ligado a esta zona incluye la Política Nacional del Uso del Borde Costero (PNUBC) y la Ley de concesiones marítimas. La primera, promulgada en 1994, por lo que tras 30 años debe ser revisada, mientras la segunda, que nace en 1960, ha tenido algunas reformas (la última en 2018) que no han mejorado la situación de los ecosistemas de la costa y, de hecho, permiten situaciones tan contradictorias como el cultivo de salmones sea permitido en zonas protegidas.

Así lo señala Carolina Martínez, académica del Instituto de Geografía de la Universidad Católica e investigadora del Centro para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) y el Instituto Milenio SECOS.

“No se ha hecho una revisión crítica sobre el estado normativo que afecta a la costa y afecta también a las personas que la ocupan, especialmente pescadores y gente que compra departamentos dentro de ecosistemas que tienen una fragilidad muy alta, donde también ocurren grandes tsunamis. Las personas terminan pagando estos costos de falta de regulación y no tenemos una explicación clara de por qué el Estado no ha incluido este tema como prioridad en la agenda”, sostiene. Es facultad del Presidente de la República darle prioridad.

La investigadora explica que en la actual legislación impera el Código Civil de 1885, donde se estableció que la propiedad privada en Chile puede llegar hasta el límite de las más altas mareas, lo que ha generado que no haya reconocimiento del dominio público de ecosistemas marinos costeros, como sí ocurre en otros países. “Playas, campos dunares y humedales son objeto de extractivismo muy severo en Chile y de formas de uso que son extremadamente contrapuestas con la fragilidad de estos ecosistemas”, sostiene Martínez.

Una propuesta con criterio científico

En 2022, Carolina Martínez lideró a un grupo de investigadores, abogados y miembros de la comunidad organizada, que desarrolló la primera propuesta de Ley de Costa para Chile. Acogida por algunos parlamentarios, pero que no ha tenido avances en el Congreso.

“La Ley de Costas propone principios que se deberían considerar al momento de legislar por la cosa, por ejemplo, la visión sistémica, la protección de la vida humana ante grandes desastres, la adaptación al cambio climático, la participación y la colaboración de modelos de gobernanza mucho más transversales y respetuosos. También el derecho precautorio para no seguir impulsando lo que se conoce como zonas de sacrificio y tratar de empujar la gestión integral de áreas costeras porque eso es un modelo muy exitoso en el mundo”, explica Martínez.

De acuerdo a la especialista, intentaron vincular la evidencia científica, que hasta ahora no se ha considerado en la legislación. “En Chile hay buena ciencia, pero no se ha vinculado de manera adecuada con las políticas públicas. Hemos hecho una propuesta de ley que nace desde la academia, que ha sido socializada con comunidades, para promover transformaciones sostenibles. El problema es que no hay una acogida por parte de los ministerios, aparte de las buenas intenciones que tenía la ministra (Javiera) Toro –ministra de Bienes Nacionales hasta agosto de 2023– para avanzar en cambios orgánicos, cambios estructurales”, dice.

“Como científicos no nos corresponde tomar estas decisiones ni hacer gestión costera, pero tenemos un rol en la sociedad que es justamente apuntar a una sociedad mucho más sostenible”, enfatiza la investigadora.

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